La ley es clara: ningún funcionario en Chile puede usar fondos públicos para hacer campaña electoral, ni aprovecharse de su cargo u horario laboral para promover las opciones de «Apruebo» o «Rechazo» a la Constitución que el próximo 4 de septiembre será sometida a un plebiscito de salida. Sin embargo, el presidente izquierdista, Gabriel Boric, la desacata al reunirse con partidos aliados en La Moneda, con el objetivo de empujar la aceptación del proyecto en las urnas.
Un video del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, durante una visita al Palacio de Gobierno dejó en evidencia al mandatario. El funcionario afirmó que sostendrían una reunión para “poder ayudar con mayor fuerza la coordinación del Apruebo”.
El entusiasmo traicionó al parlamentario, quien olvidó que la participación de Boric implicaría una falta al principio de probidad, así como también incumpliría la solicitud de “neutralidad” que la Contraloría le exigió en abril para garantizar transparencia.
El video desapareció de la cuenta de Twitter de Soto. “Debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al gobierno”, dijo después en un intento por rectificar y evitar los radares fiscalizadores de la Contraloría.
Aclaratoria inútil
El cambio en el discurso de Soto sirvió de poco cuando el secretario general del PS, Camilo Escalona, también resbaló al referirse a la reunión en La Moneda. En esta oportunidad, señaló que el diálogo con Boric había sido “muy fructífero” e incluso, subrayó que intercambiaron “el firme apoyo y el compromiso inamovible con el proceso de cambios y el avance hacia una nueva Constitución».
Según fuentes de La Tercera estas coincidencias refuerzan que existe una “instancia de coordinación política” cuando el gobierno “está llamado a mantener prescindencia”. Creen que Boric “cruza todos los límites” porque “no solo se estarían usando las dependencias de un edificio público que debe servir de ícono para el pluralismo” sino además “participan en ellas quienes son los primeros encargados por velar de la probidad en los órganos de la administración”.
Atentos al abuso
Las bancadas de los partidos Renovación Nacional y Evópoli solicitaron a la Contraloría abrir un procedimiento administrativo para aclarar y determinar la legitimidad de lo ocurrido mientras el Partido Republicano exigió una sesión especial a la Cámara de Diputados.
“Había que denunciar al gobierno por estar haciendo intervencionismo claro cuando el gobierno no puede buscar que una alternativa se imponga sobre otra. Su único deber es informar y participar”, apunta el diputado Jorge Guzmán en entrevista con PanAm Post, tras insistir que “los intervencionismos desatados serán denunciados las veces que sea necesario, porque afectan y debilitan la democracia y participación”.
Boric está advertido, afirma el parlamentario que lideró la entrega de la solicitud presentada a la Contraloría, cuyo propósito es sancionar a través de recursos disciplinarios que van desde la censura, la multa o una destitución del cargo, a quienes incurran en la utilización de recursos del Estado para hacer proselitismo.
Un bono con dudas
En medio de la polémica por las reuniones en La Moneda, Boric anunció la entrega de un bono de 120.000 pesos chilenos, equivalentes a 120 dólares, a las familias más vulnerables en la semana de inicio de campaña. Al respecto, alegó que la ayuda compensaría el impacto del invierno en el alza de los servicios. Sin embargo, la disposición genera controversia.
Por un lado, el Partido Comunista encabezó la presión por el desembolso de los recursos y por otro, ocurre cuando la última encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercados (CADEM), revela que el Rechazo a la nueva Constitución ronda el 53 % y supera por 18 puntos a la opción Apruebo que se ubica en 35 %.
El senador republicano, José Rojo sostiene que «Boric asume como jefe de campaña del apruebo, en un intento desesperado por mejorar en las encuestas».
Al Congreso le corresponderá aprobar la iniciativa, pero el diputado Jorge Guzmán subrayó a PanAm Post que “el gobierno reacciona a estímulos respecto al proceso constituyente y, aunque había dicho que no iba a entregar ayudas directas, ahora se contradice demostrando la poca coherencia y responsabilidad al planificar una agenda que parece que no existe. Ahora hay que fiscalizar esa focalización de los beneficiarios y el efecto inflacionario”.
